Por Eduardo Samán

Una patente es un contrato social que se establece entre un particular y el Estado. El particular entrega a la sociedad (hace público) el conocimiento sobre una invensión y en contraprestación el Estado le confiere, a través de un tìtulo, un derecho exclusivo (monopolio) por 20 años, con el cual este puede impedir a terceras personas que no tengan su consentimiento, fabricar y comercializar un producto o el empleo de una determinada tecnología. Todo esto con la finalidad de promover el avance de la tecnología. Es así, como el Estado ejerce la soberanía para otorgar esta forma de “propiedad”, que lógicamente solo es válida en el territorio, es decir, las patentes debe ser reivindicada en cada país por separado donde se desee la protección.

Los Estados tienen la libertad de definir los criterios de patentabilidad en la legislación como por ejemplo, otorgar patentes para las invenciones y no a los descubrimientos, a los productos o procedimientos siempre que sean nuevos, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial. Nuestra Constitución prohíbe el registro de patentes sobre los recursos genéticos y conocimientos ancestrales así como del genoma de los seres vivos a diferencia de la legislación anglosajona que permite las patentes sobre prácticamente todo.

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